Por años el tema de los centros de venta en la ciudad de Quetzaltenango y su desorganización ha estado siempre sobre la mesa de debate. Sin embargo, pocos han sido realmente los avances al respecto y cada día parece que el problema se agrava sin que exista un verdadero control y un plan concreto para corregir el flagelo de las ventas informales, los cobros ilegales a comerciantes, anarquía por parte de los vendedores; mismos elementos que últimamente han incluso, causado problemas en el centro histórico y su máximo orgullo, el Parque a Centroamérica.
El presidente de la Comisión de Abastos de la Municipalidad de Quetzaltenango, ingeniero Roberto Soto, brinda su punto de opinión al respecto, acotando que si bien como comuna están conscientes del problema y de cómo este afecta directa e indirectamente a la población en general, resolverlo en poco tiempo es tarea casi imposible, tomando en cuenta que la desorganización tiene por génesis al año 1970. Aunado a periodos de total displicencia  y falta de compromiso con el tópico, por parte d autoridades pasadas y hasta presentes. La tarea resulta ardua entonces, pero el mencionado concejal, brinda atisbos de un plan maestro para corregir esta problemática.

Catastro, la solución

Con 5 mercados oficiales, 5,000 arrendatarios registrados aproximadamente, 12 millones de Quetzales por recaudar, que se convierten en 6 sin mayor explicación, y quien sabe cuántos cientos de vendedores ambulantes en sus alrededores, está más que claro que la solución final deberá contener una logística mayúscula, apelando a registros fieles, multas ejemplares y acuerdos municipales sin precedentes. Soto detalla entonces, que se está creando un catastro oficial en la ciudad, que registre a los vendedores que están actualmente trabajando en los mercados y elimine de una vez por todas, las mafias que revenden los puestos, autorizan a placer los mismos y generan el caos y la desorganización aparente.
Dicha estadística, contará con un sistema a prueba de corrupción, donde solamente los vendedores autorizados tendrán el derecho de colocar sus puestos y vender sus productos. Todos los demás, serán puestos a disposición de las autoridades, con la respectiva recolección de sus objetos y materias e impuestas las correspondientes multas. Suena adecuado, pero como concuerda el mismo concejal, el proceso se hará largo y complejo, debido a las estructuras obscuras que tratan de evitar a toda costa, que las cosas se hagan bien y mejor dentro de los mismos mercados. Se pretende garantizar además, que las ventas callejeras, si se consideran autorizadas, estén dentro de los límites estructurales de los mercados y no como actualmente sucede, que ocupan hasta calles enteras, haciendo una odisea el transitarlas en automóvil e inclusive a pie; primordialmente en mercados mayores como la Democracia o Minerva.

Más proyecciones

Se proyecta además, utilizar el dinero recaudado en beneficio de los mismos comerciantes y compradores, mejorando la infraestructura mercantil y de esa manera, favorecer tanto a los vendedores como a los usuarios que estarán en mejores condiciones, tanto salubres como estructurales. Todo ello previa concientización de la población al respecto, misma que debe comprender que la situación debe cambiar, que no se puede continuar de esta manera, con mercados desbordados, vías obstruidas y hasta monumentos históricos profanados por ventas informales, que pueden y deben respetar límites. De esta manera, no se veda el derecho de trabajo, más bien, se garantizan mejores condiciones que las actuales. “Con vendedores que ejercen su trabajo respetando las leyes, con usuarios adquiriendo productos en mejores condiciones y una comuna que tenga el control al respecto; únicamente así, el problema puede resolverse” dijo el concejal.
Finalizando, Soto aludió también al problema complejo y creciente de los parqueos en la ciudad. Argumenta que como autoridades no puede accionar legalmente contra las personas que se dedican a este tema por no existir delito, pero que el usuario puede denunciar si lo considera necesario y posee las pruebas correspondientes. “Ninguna de esas personas, tiene autorizado apartar parqueos en la vía pública. Sin embargo, como competencia de la municipalidad y la policía municipal, únicamente se puede apercibir al individuo para que cese de sus acciones sin apresarlo y recolectar cualquier objeto que utilice para apartar los espacios. Cada ciudadano tiene la posibilidad de denunciar penalmente a estas personas, si considera que alguno de sus derechos está siendo violado. Como en caso de que el conductor considere que está siendo víctima de coacción, extorsión o algo similar” dijo. Sin duda, tema que también continuará surgiendo en futuros análisis.
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